IRMA ALVAREZ

MARIANNA PARRAGA

EL UNIVERSAL

El Tribunal Supremo (TSJ) le ordenó a la empresa Informática, Negocios y Tecnología, S.A. (Intesa) 'la entrega de los equipos informáticos que corresponden a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), así como los programas en los que exista información sobre la misma'.

También le prohibió que divulgue a terceros 'información sobre la industria petrolera, que conozca con motivo de la prestación de sus servicios de informática'.

La decisión fue emitida por la Sala Constitucional, en ponencia del magistrado Antonio García, como respuesta a la solicitud de medida cautelar que efectuaron los abogados Orestes Parilli y Auslar López, en representación de Pdvsa.

Pendiente quedó, por tanto, la sentencia final sobre el recurso de amparo que denuncia la supuesta 'conducta lesiva de los derechos constitucionales de la compañía estatal y de la comunidad venezolana', en la cual habría incurrido Intesa 'al respaldar el paro cívico que afectó la actividad económica del país desde el 02-12-02 hasta el 02-02-03'.

Por ello menciona el pronunciamiento del jueves, cuando será fijada una audiencia oral y pública, después de la cual se sabrá si la cuestionada empresa tecnológica tendrá que 'ceder los contratos de arrendamiento, licencia o de cualquier otro tipo, relativos a los equipos y sistemas informáticos de Pdvsa', entre otros aspectos.

En el texto del amparo a estudiar destacaron los abogados que no son los trabajadores que respaldaron el paro petrolero, sino el cese de las funciones de Intesa, 'lo que descalabró desde las computadoras personales hasta los proyectos para el desarrollo de la industria, vinculados con la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, así como la actividad comercial del país'.

Señalaron, igualmente, que 'a través de Intesa (la cual sólo tiene un capital de Bs. 1.000.000) la sociedad norteamericana SAIC mantiene el absoluto control de toda la información y los activos que integran la base informática para el desarrollo de las actividades y operaciones de Pdvsa, lo que incluye desde las historias médicas de los empleados de Pdvsa y sus filiales y el manejo de todos los aspectos relacionados con la nómina, hasta los grandes proyectos y transacciones comerciales nacionales e internacionales'.

Todo esto explicaría, según fuentes del TSJ, por qué el Gobierno no habría tenido acceso a esos datos al momento de efectuar los despidos.

De mano en mano

El dictamen adquiere relevancia al considerar que Intesa concentra la totalidad de los servicios informáticos de Pdvsa y sus filiales.

También es determinante debido a que una de las discusiones más acaloradas que se ha suscitado en torno a Intesa, mientras los accionistas deciden si declaran la quiebra de la empresa, es la propiedad de los activos de la compañía informática, considerando que parte de los equipos que se utilizaban para dar servicio a Pdvsa no son propiedad directa de Intesa sino de proveedores de tecnología.

Muchos de estos proveedores habían firmado con Intesa contratos de alquiler de equipos que aún no se han definido, pues existen deudas que saldar. De hecho, entre los documentos que consignaron los abogados de Pdvsa se cuentan las cartas que envió Intesa a Hitachi y Oracle para notificar la suspensión de sus servicios. Los recurrentes también admiten la posibilidad de que Pdvsa sea demandada por Intesa o por los proveedores.