MARIANNA PARRAGA
EL UNIVERSAL
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó
ayer a Intesa reinstalar todos los sistemas informáticos
que le habían sido suspendidos a Pdvsa y devolver los equipos
e información que tenía en su poder, podría no
tener efecto alguno en términos prácticos, pues hace
una semana lo que quedaba de Intesa cerró definitivamente
sus puertas y entregó las llaves a un tribunal.
Así lo explicó Carolina Gali, quien hasta ese momento
se desempeñaba como gerente de Relaciones Institucionales
de Intesa, al señalar que la firma que prestaba servicios
informáticos al holding se mantuvo en pie a través
de contratos establecidos con clientes distintos a Pdvsa.
No obstante, la compañía había tomado meses
atrás la decisión de no renovar esos contratos a
raíz de la renuncia del gerente de Finanzas, tras lo
cual los socios de Intesa _Pdvsa y SAIC_ nunca aprobaron una
nueva delegación de firmas.
"La labor administrativa estaba congelada. No se podían
movilizar las cuentas ni realizar pagos", dijo Gali. Esta
situación motivó a unos 40 empleados que quedaban
en Intesa por el plan de contingencia a renunciar a sus
labores. No obstante, aún no se ha solucionado el pago
de sus prestaciones ni tampoco de los 1.700 trabajadores
que tenía la firma antes del paro.
Al ser consultada sobre el estatus de los equipos que
estaban en manos de Intesa, Gali afirmó que después
de la medida cautelar que dictó el año pasado
el TSJ, todos los activos que eran propiedad de Pdvsa
pasaron legalmente a sus manos, aunque ya se encontraban
dentro de sus instalaciones.
Mientras se dilucida el estatus local de Intesa, el
enfrentamiento entre Pdvsa y SAIC _propietaria de 60%
de las acciones de la empresa tecnológica_ se agudiza.
Al tiempo que SAIC solicita ante la Overseas Private
Investment Corporation de EEUU la ejecución de
una póliza de seguros contra riesgos políticos
bajo el alegato de que se le expropió su participación
en Intesa, Pdvsa acusa a su socia norteamericana de
actuar por motivos políticos.
SAIC ha solicitado con insistencia la declaración
de quiebra de Intesa, pero Pdvsa alega que esto
perjudicaría su estatus financiero. SAIC estimó
ante la SEC una pérdida de $490 millones al
descontinuarse las operaciones de Intesa.
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