VICTOR SALMERON

EL UNIVERSAL

El segundo artículo del decreto, publicado en la Gaceta Oficial del estado, precisa que la intervención "afecta en una primera etapa" a 16 extensiones de terreno que pertenecen a: sucesión Branger, familia Boulton, Compañía Inglesa, el diputado Salomón Centeno, sucesión de David Morales Bello, Vincenzo Cammarano, Hermisano Ruisánchez, el ex gobernador Manzo Núñez, general Rafael Rivas Ostos, Maderedas CA y Luis Villanueva, familia Finol, Orlando Licón, sucesión Asseh, Simón Polanco y Tomasio Amadío.

Añade el texto que la medida también afecta "cualesquiera extensiones de terreno fijados en los informes técnicos señalados en el presente decreto o que a través de la ejecución se determinen".

En los considerando el gobernador de Cojedes menciona "que en fecha tres de diciembre de 2004 fue presentado a consideración del Ejecutivo regional informe elaborado por el jefe de la Unidad de Desarrollo Endógeno Rural del estado" y ese mismo día "el Ministerio de Agricultura y Tierras informa respecto de los presuntos lotes, fundos o hatos que emblemáticamente en Cojedes presentan problemas de titularidad, de tenencia de tierra o de latifundio".

Johnny Yánez Rangel apoya su medida en "que el pueblo soberano del estado Cojedes otorgó mandato constitucional al gobernador del estado para que sus actuaciones se enmarquen en la consolidación del proceso revolucionario, en el fortalecimiento de las misiones, en la transferencia de competencias al pueblo y en la productividad de la tierra mediante la optimización de los recursos naturales".

Además señala el decreto que "el proceso revolucionario consagrado en la Constitución de la República Bolivariana no sólo constituye un sistema democrático y de justicia, sino que además emerge como un proyecto social, obligando a sus gobernantes a adoptar todas las medidas tendentes a garantizar la participación protagónica del pueblo, a través de todos los instrumentos, políticas y elementos idóneos tendentes a fomentar, ejecutar y garantizar el desarrollo endógeno y la seguridad agroalimentaria".

El documento que recoge los lineamientos de la nueva etapa de la revolución precisa que un objetivo básico es "continuar instalando la nueva estructura territorial", con herramientas como "eliminar el latifundio", desconcentrar la actividad productiva" y "fomentar un desarrollo rural integrado".

Todos ganaremos

Alexis Ortiz, procurador general de Cojedes, asegura que "la propiedad va a ser respetada, el término intervención puede ser fuerte pero la intención es establecer el orden, bajo ningún concepto se trata de expropiar, lo que buscamos es un ganar-ganar".

Agrega que algunos grupos han malinterpretado la Ley de Tierras, así que aquellos invasores que no sean campesinos productivos serán desalojados y, en el caso de ser un productor que carece de tierras, en primer lugar se buscarán soluciones con terrenos públicos.

Alexis Ortiz también menciona la posibilidad de que a través de acuerdos los propietarios privados cedan, de manera voluntaria, lotes de tierra para ayudar a solucionar el problema de las invasiones.

Otro tema que se abordará con este decreto, de acuerdo con el procurador de Cojedes, es determinar "hasta dónde llegan los derechos de los propietarios" y poner en marcha políticas que alienten la producción en el estado.

Una retaliación

El diputado Salomón Centeno, afectado con la medida de intervención, asegura que el decreto incrementa "la inseguridad jurídica en el sector agropecuario por la manera irresponsable y politiquera como se ha manejado el tema de las tierras, esto es un golpe mortal a la productividad".

"Se han alentado invasiones por populismo y politiquería, los campesinos reciben una carta agraria pero no les proveen recursos para un trabajo productivo, muchas fincas están convertidas en simples matorrales", dice Centeno.

"En mi caso particular el gobernador mandó a invadir mi finca, hoy convertida en rastrojales. Se han robado la infraestructura, la maquinaria, los potreros, el ganado. Esto ha sido denunciado sin que hasta ahora hayan intervenido las autoridades", señala el diputado, miembro de la Comisión de Finanzas.

"En mi caso hay un ingrediente político, es una retaliación porque "molestan las denuncias que he hecho sobre actos de corrupción del gobernador Johnny Yánez Rangel".

vsalmeron@eluniversal.com