El ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela

Informe del doctor Juan Manuel Carmona Perera

Vicepresidente regional Sociedad Interamericana de Prensa (S.I.P.)

Reunión de Medio Año
Panamá

Marzo 2005

Señores delegados:
 
Se celebra esta Reunión de Medio Año en circunstancias que no podrían ser más graves y gravosas para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela; y, de suyo, en un momento en que nuestras libertades democráticas menguan aceleradamente y se compromete, incluso, nuestra paz como nación. Y no exageramos al afirmar esto.
 
Luego de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, superara durante el pasado año el referéndum revocatorio de su mandato y se hiciera de la casi totalidad de los gobiernos regionales y municipales del país, en procesos eleccionarios cuyas gravísimas irregularidades tardíamente confesaran el Centro Carter y la OEA en sus informes respectivos, decidió el Mandatario cumplir sus amenazas -a pesar de las prevenciones realizadas al respecto por la misma OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones como America's Watch -al decidir, finalmente, el asalto al Poder Judicial, la proscripción y castigo penal de la disidencia de opinión, el control de los contenidos de todas las programaciones que transmite la red privada de radio y de televisión.
 
Así, con una mayoría simple -por ende inconstitucional- reunida por los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional, fue aprobada la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que eleva desde 20 hasta 32 el número de los magistrados de dicho alto tribunal; y, con el voto de la misma e írrita mayoría oficialista, fueron designados los nuevos magistrados sin mediar concursos de credenciales, omitiéndose la norma constitucional sobre participación ciudadana, con lo cual se benefició de manera grosera y abierta a militantes probados de la revolución.

El Magistrado elegido como nuevo Presidente del supremo tribunal, al inaugurarse en sus funciones despejó cualquier duda sobre la independencia de sus decisiones o sentencias, del género que fuesen, señalando, sin rubor, que estarían supeditadas a su condición de revolucionario y de militante comunista; y precisando, por si fuese poco y como criterio de lo que será su conducta pública, que `los medios de comunicación y periodistas deben estar al servicio de la verdad y sólo de la verdad´ y que `todo juez que emita juicio en contra de los principios revolucionarios, será destituido y anulada su sentencia´.

A la par, otro de los magistrados, a inicios del año judicial en curso, expresó públicamente que:

`Tan sancionable es la conducta del agente de orden público que abusa de su arma de reglamento y con ella quita la vida injustificadamente a un ciudadano, como el periodista que a través del micrófono o con la máquina impresora agrede, ofende, difama o agravia a un ciudadano que cumple una función dentro del Estado. En ambos casos -según él- se viola una norma y por ello se comete un delito; en ambos casos -adiciona el magistrado- los actores de semejantes conductas son unos delincuentes´. `La nueva realidad de la patria impone concebir un nuevo juez o jueza cuyo perfil se acople a la nueva estructura institucional... sin que desmaye ante presiones externas, como muchas veces sucede con los medios de comunicación social cuando éstos crean una matriz de opinión contraria a la verdad procesal, exponiendo al funcionario al escarnio público...´. `Que se aplique un sistema de justicia donde los jueces y juezas actúen de acuerdo a la justicia bolivariana´. `Quienes no se sientan identificados con ese proyecto de rescate de la justicia, deben darse de baja´, finaliza diciendo este magistrado del Tribunal Supremo, designado por obra de la novísima Ley Orgánica mencionada.

Mas luego, la Asamblea Nacional, otra vez con el voto de la mayoría simple de diputados gubernamentales, decidió aprobar la conocida por ustedes y muy cuestionada Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión o Ley Mordaza: que estatiza de hecho el sistema de radio y de televisión privado, controlando sus horarios y programas, en modo tal que el Gobierno cumpla su propósito real, antes oculto, justo el que animó la redacción de la ley y que hoy ha revelado el presidente Chávez, cuando comentó el objeto de su nueva política comunicacional:

`Divulgar y contribuir a la formación e identificación de la población con los valores, ética e ideología de la revolución bolivariana. Desarrollar [una] estrategia de divulgación e información hacia EEUU para neutralizar elementos de acción imperial contra Venezuela. [Y] educar a la población en los principios militares de disciplina, amor a la patria, y obediencia´.

Por obra y consecuencia de la mencionada Ley de Contenidos, el Estado no sólo podrá `expropiar´ los tiempos de transmisión para diponerlos a su servicio, sino que, sin mediación judicial y por razones alegadas de seguridad nacional, también podrá suspender cualquier programa de radio y de televisión: sin mengua de las sanciones administrativas, civiles y penales que puedan recaer sobre los responsables de atentar contra la misma en particular, como medios respectivos y de los periodistas a su servicio.

Finalmente, aprobó igualmente la Asamblea una reforma de la legislación penal sustantiva, para trasladar los efectos punitivos de su señalada Ley Mordaza, hacia la prensa escrita y hacia todo aquel ciudadano que opine y disienta del credo de la revolución.

La reforma del Código Penal, en efecto, no sólo consagra en su mayor amplitud las conocidas `leyes del desacato´; antes bien y por sobre `criminaliza´ la disidencia política y de opinión.

Dos artículos del texto de esta ley de reforma son más que suficientes para ilustrar ante ustedes cuanto decimos:

`Artículo 297 A. Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, pretenda causar o efectivamente cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años. [Omissis]'

 `Artículo 508. Todo el que, con gritos o vociferaciones, con abuso de campanas u otros instrumentos, o valiéndose de ejercicios o medios ruidosos, haya perturbado las reuniones públicas, o las ocupaciones o reposo de los ciudadanos, será penado con arresto de hasta por un mes y con multa hasta de cien unidades tributarias, aumentándose de uno a dos meses de arresto y multa de doscientas unidades tributarias en el caso de reincidencia en la misma infracción.

Si el hecho ha sido cometido contra la persona del Vicepresidente Ejecutivo de la República, de algunos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, [omissis], miembros de la Asamblea Nacional, de los Consejos Legislativos de los estados, [omissis], podrá imponerse arresto de tres a cuatro meses y la multa podrá ser de hasta 500 unidades tributarias´.

El Bloque de Prensa Venezolano, organización que agrupa en su seno a la mayoría de los medios impresos nacionales, protestó públicamente estas leyes, por violatorias de los derechos humanos y de la esencia misma de la democracia y que, indefectiblemente, potencian la autocensura y la liquidación definitiva de la libertad de expresión.

Es éste, pues, sin distorsiones, el marco dentro del que opera la llamada `democracia bolivariana, participativa y protagónica y Estado de Derecho y de Justicia´ que tanto vende hacia el extranjero su artífice principal: Hugo Chávez. Y es éste el marco que sujeta nuestro ejercicio de libertad de expresión y de prensa.

No huelga señalar que el Gobierno seguirá diciendo que no ha cerrado medios en Venezuela. Y es que no necesita, de suyo, cerrarlos; dada la castración a que los ha sometido en el ejercicio de sus responsabilidades sociales de comunicación e información, usando para ello de las formas legales, pero vaciándolas previamente de todo contenido democrático.

La SIP ha mostrado su preocupación ante estas circunstancias y que explican las visitas repetidas de sus autoridades a Venezuela, entre éstas, el presidente de nuestra Sociedad, doctor Alejandro Miró Quesada, a quien los editores venezolanos le estamos eternamente agradecidos.

Antes de enunciarles, como es costumbre, los casos particulares sobre violación al derecho a la libertad de expresión y de prensa más reciente, permítasenos informarles con crudeza y con apoyo en documentos oficiales del propio gobierno venezolano, sobre el panorama todavía más grave que nos espera, a los venezolanos y a los demás países del hemisferio. Y es nuestra obligación contarles esto, pues uno de los deberes fundamentales e históricos de la prensa es el ejercicio del control del poder en sus desafueros y desviaciones mediante una oportuna información a la opinión pública, y en nuestro caso sin concesiones en defensa de los principios contenidos en la Declaración de Chapultepec.

Luego de unas jornadas organizadas por la Presidencia de la República y realizadas entre los días 12 y 13 de noviembre del pasado año, el presidente Chávez expuso ante sus seguidores y ante oficiales generales, superiores y subalternos de la FF.AA., las líneas maestras de La Nueva Etapa, La Nueva Estrategia de su revolución: Que implica el tránsito desde la fase en curso, de consolidación interna, hacia otra fase de confrontación externa y de exportación de la revolución.

En cuanto a la consolidación de su poder interno, el Jefe de Estado venezolano anunció la creación, con apoyo de las misiones cubanas, de unidades de batalla endógena para el control social y popular de la misma población. Asimismo, ordenó, en términos exactos, perseguir y hostigar a los opositores para impedir que se reorganicen. Y la razón de ello huelga. Las palabras del Presidente son más que reveladoras:

`Si no hubiésemos hecho la cedulación´ [recordemos aquí la denuncia sobre la cedulación como venezolanos dispuesta por el gobierno de Chávez y que benefició a 500.000 colombianos residentes en la frontera, entre ellos a los miembros de las FARC y del ELN, quienes votaron durante el referéndum revocatorio presidencial]; `si no hubiésemos hecho la cedulación -repito las palabras de Chávez- hasta el referéndum revocatorio lo hubiésemos perdido, porque esta gente (la oposición) sacó 4 millones de votos´. `Y fue cuando empecé a pedirle apoyo a Fidel... -agrega Chávez- y él me dijo: Si algo sé yo es de eso, cuenta con todo mi apoyo´.

En el ámbito de lo económico y del control popular sobre la sociedad, el mensaje de Chávez al que hacemos referencia, no se ahorra en propósitos y señala que implementarán el modelo de `cogestión´ de las empresas y avanzarán hacia la `reestructuración del sistema de garantías y financiero privado´.

Chávez aclara luego, lo dice y no lo dice a la vez para ser cuidadoso, sobre el destino final de sus acciones, que se orientan sin duda a la instauración de un régimen comunista en Venezuela, aseverando lo siguiente:

`No nos estamos planteando eliminar la propiedad privada... Hasta allá no llegamos. No, pero nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro, el mundo se va moviendo... No es el momento´.

En los predicados anunciados para La Nueva Etapa, tampoco se ahorran palabras y se describe hasta la saciedad todo cuanto se propone el régimen bolivariano en relación con los demás países del continente, y que el señor Chávez tuvo la audacia de resumir en la idea de la Guerra Mundial del siglo XXI, anunciada desde Montevideo.

El nuevo Pensamiento Militar según lo confirmara recién, el inefable general López Hidalgo, Secretario de Defensa de la Nación, avanzará hacia la guerra asimétrica o de guerrillas y para ello ya se está equipando actualmente a la FF.AA. con vistas a su primera misión, que describe el documento sobre La Nueva Etapa así: `desarrollo de acciones defensivas en la zona fronteriza con Colombia (...) por la implementación del Plan Colombia´. Acciones defensivas que han de entenderse, según tal documento y a tenor de la exégesis que de él hizo Chávez, como dirigidas al autor del plan en cuestión: el presidente George W. Bush.

Junto al ordenado equipamiento de la FF.AA., lo dice el documento oficial en cuestión, se instruyó a gobernadores y alcaldes para que organicen la reserva militar popular; identificando a cada `patriota´ en su caserío según que `uno de ellos sea tirador de fusil, francotirador, o lanzador de granadas´.

Las palabras de Chávez no son nada ambiguas ni se reducen a amenazas. `Utilizaremos todas las estrategias posibles, desde una defensa móvil frente al gigante hasta el ataque´, precisa el Gobernante.

El objetivo final no aparece oculto en el papel sobre La Nueva Etapa. Tanto que el propio Chávez anunció a sus seguidores que `la estrategia de su revolución es quebrar ese eje `monroísta' dominada por el Pentágono y conformado por Bogotá-Quito-Lima-La Paz-Santiago de Chile´.

Chávez ha declarado, en suma, que el momento de la guerra del siglo XXI ha llegado; de donde, no sólo la estimula y quiere como parte de la etapa de confrontación externa y de exportación de su revolución. La idea que anida en el fondo de su trance intelectual y que revela en su discurso no deja espacio para las dudas.

`Creo que no es un sueño, creo que nunca antes en América se había dado una situación como ésta. Hace tres años atrás éramos sólo Cuba y Venezuela´.

Venezuela vive, en suma, un régimen dictatorial en cierne, de inspiración marxista, que usa estrategias militares, que se cubre con un manto inequívoco de populismo, y que usa y manipula en su favor las formas legales de la democracia. Por ello y por ahora se le permiten ciertos `lujos´ los venezolanos a modo de disfraz o de distracción de la opinión pública, hasta tanto logra Chávez y su régimen afianzarse en los despropósitos.

No deben olvidar los editores del hemisferio que la suerte de Venezuela y nuestro drama, es propio y también ajeno, como desde ya lo anuncia Chávez en su documento sobre La Nueva Etapa. No olviden, por ende que las grandes tragedias de la humanidad, como nos lo muestra la historia de todos los siglos, siempre fueron hijas de los mesianismos.

Así las cosas, estimados colegas, directivos y miembros de la SIP, les referiré brevemente y a título enunciativo, como es la costumbre, algunos casos puntuales que implican violencias específicas a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela por hechos del Estado.

El Gobierno ha desatado una abierta y descarada persecución, abusando inclusive del control férreo que ejerce sobre el Poder Judicial y sobre el Ministerio Público, para acallar a los periodistas y medios de comunicación. No se trata de amenazas.

A la periodista Patricia Poleo, se le allanó su residencia y se le abrió causa penal para que haga entrega de documentos que han servido de soporte a sus últimos escritos, detallando que el fiscal Danilo Anderson, asesinado y declarado mártir por la revolución, fue víctima de una acción de bandas de extorsionistas a las que, supuestamente, estuvo vinculado. Otro tanto ha ocurrido, por motivos similares, con la periodista Tamoa Calzadilla, quien fue ya imputada penalvente y por requerimiento personal del propio Fiscal General de la República y antiguo Vicepresidente de Chávez.

Fue detenido, en fecha reciente y en un aeropuerto del interior del país, el periodista y editor del periódico El Nuevo País, Rafael Poleo, miembro de esta Sociedad. Se alegó la existencia de una orden de detención del año 1991, causa en la que se le había otorgado indulto en 1993, impresiona, pues, como excusa cierta para ejercer una acción coercitiva que silencie definitivamente a su hija Patricia Poleo.

También le fue dictada privación de libertad a la periodista Ibéyise Pacheco, luego de seguírsele juicio por difamación agravada y por haberse expresado incorrectamente, cuando denunció el falseamiento de exámenes universitarios por un Coronel del Ejército al servicio de la revolución.

En otro orden, los canales de televisión más importantes, fueron sancionados por el Ministerio de Comunicaciones a pagar cuantiosas sumas de dinero en concepto de multas, al considerarlos el Gobierno como instigadores, mediante sus noticias, del paro nacional ocurrido, entre diciembre 2002 y enero del año 2003.

Fue imputado penalmente, asimismo, el periodista Napoleón Bravo, cuyo programa de televisión, debido a las presiones gubernamentales, fue sacado del aire, como también acaba de ser clausurado el programa de televisión y de entrevistas conducido por la periodista Marta Colomina a quien la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos habían dado protección con medidas cautelares. Conviene agregar en este sentido, como periodistas del diario El Carabobeño, que se edita en Valencia, Estado Carabobo, fueron aprehendidos en la Base Aérea Libertador, mientras cumplían funciones específicas, relacionadas con una manifestación, que en su apoyo, anunciaba el señor Chávez desde Montevideo, Uruguay. Pero los militares de guardia alegaron que se habían tomado fotos en zona prohibida, por lo que los obligaron a borrarlas, con el compromiso de suscribir un acta donde se comprometían a no reincidir, como condición para dejarlos en libertad.

No menos digno de referencia es el caso del doctor Tulio Alvarez, destacado constitucionalista, quien dedicó un esfuerzo cívico sin par al estudio, investigción y prueba del fraude electoral fraguado por el Gobierno para torcer la voluntad popular en el pasado referendo revocatorio presidencial del 15 de agosto del pasado año; cuyas conclusiones recogió en su informe de gestión el hoy secretario general de la OEA, César Gaviria.

A renglón seguido, como era de esperarse, se alentó y prohijó desde las más altas esferas gubernamentales una iniciativa, para que el diputado oficialista y ex presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, incoara demanda penal en contra del doctor Alvarez. Fundamentando la acción judicial en un escrito publicado en el periódico. Así es la Noticia, con la firma del susodicho abogado, donde denunciaba un desfalco en perjuicio de empleados de la Caja de Ahorros de la Asamblea Nacional, cuando ejercía su administración el diputado Lara.

Esa opinión de Alvarez, inserta en la prensa y en resguardo del derecho de sus defendidos, haciendo uso de una libertad consagrada constitucionalmente, le ha llevado a su condenatoria con privación de libertad, por difamación agravada y en perjuicio del derecho a la libre expresión del pensamiento que, formalmente, le reconoce la Constitución venezolana y le aseguran los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos.

Señor presidente y demás miembros de la SIP:

No quisiéramos concluir nuestro informe sin hacer referencia y agradecer la distinción de que hemos sido objeto por parte de la SIP y de su presidente, doctor Alejandro Miró Quesada, al designarnos, en lo personal como Vicepresidente Regional para la Libertad de Expresión en Venezuela.

Ello constituye motivo de orgullo para el Bloque de Prensa Venezolano, que siente especial deferencia y la reconoce, igual todo el personal del diario El Impulso que dirijo, fundado por el abuelo don Federico Carmona en 1904 y que es hoy el de mayor antigüedad de cuantos circulan en nuestro país.

El historial de El Impulso, en cuya dirección se han turnado varias generaciones de la familia, se ha conservado una invariable línea de independencia que lo ha caracterizado, como defensor de la libertad de expresión; lo cual le condujo a contarse entre los miembros fundadores de esta Sociedad Interamericana de Prensa, circunstancia que nos obliga en lo personal aún más, a corresponderles cabalmente en los términos de la confianza que se nos ha depositado.

Panamá, marzo de 2005

Dr. Juan Manuel Carmona Perera