Unos 35 comisarios, inspectores y subinspectores de la Policía Metropolitana están dispuestos a acudir a instancias internacionales para denunciar que han sido víctimas de persecución política.
Fuentes vinculadas con el organismo policial revelaron que los uniformados fueron suspendidos de sus funciones una vez que se designó a un militar como jefe de la PM. Los funcionarios aseguran que sus superiores les alegaron que se les abrió un proceso disciplinario debido a que aparecen como firmantes del referendo revocatorio en la llamada lista de Tascón.
Trascendió que todos los policías suspendidos deben acudir diariamente a la comandancia general ubicada en Cotiza para firmar un libro de novedades que da fe de su asistencia. Sin embargo, hace dos semanas el libro fue deliberadamente sustraído. Los funcionarios se preocuparon porque sus superiores podían alegar que se habían ausentado y por lo tanto procedía su destitución. Por ello, los uniformados optaron por comprar un nuevo libro para dejar constancia de su presencia en la institución.
Se conoció que la mayoría de los afectados son considerados excelentes funcionarios tras haberse graduado con honores en sus respectivos cursos.
Por ello, lamentan que numerosos funcionarios que habían sido destituidos tras ser detectados en actos ilícitos fueron reincorporados por órdenes superiores.
Los comisarios e inspectores se encuentran optimistas porque hace pocos días el presidente Hugo Chávez reconoció la existencia de la llamada lista de Tascón como instrumento de persecución política y por ello esperan que en los próximos días se dé por concluido el proceso disciplinario.
La mayoría de los jefes de distintas zonas policiales han sido cambiados a raíz de la designación de un militar como nuevo comandante de la policía preventiva. Paralelamente los jefes anteriores de la PM se encuentran recluidos en calabozos de la policía científica y acusados por la Fiscalía General de la República de ser los responsables de los muertos ocurridos el 11 de abril del año 2002 en Puente Llaguno.
Algunos funcionarios suspendidos alegan que durante los sucesos de abril de 2002 se encontraban de permiso, fuera de Caracas e incluso fuera del país, mientras que ninguno de los crímenes ha sido resuelto.
