EDGAR LOPEZ
EL UNIVERSAL
Las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo
son los juzgados más importantes del país después
del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, han estado y
seguirán estando dirigidos por jueces provisorios; es decir,
de libre nombramiento y remoción, sin estabilidad en los
cargos y blanco fácil de presiones extrajurídicas.
La decisión de la Comisión Judicial, mediante la
cual se removió a los jueces principales y suplentes
de ambas cortes, no modifica la situación. Los sustitutos
también fueron escogidos sin que mediaran concursos de
oposición que, según la Constitución Nacional,
es el único mecanismo para el ingreso y ascenso en el
Poder Judicial.
Mediante una nota de prensa del TSJ, se confirmó la
remoción y se explicó que obedeció, precisamente,
al carácter provisional con el cual desempeñaban
sus cargos (formalmente desde el 16 de agosto de 2004) Rafael
Ortiz Ortiz, Oscar Enrique Piñate Espidel y Trina Omaira
Zurita, en la Corte Primera, así como María Emma
León Montesinos, Jesús David Rojas Hernández
y Betty Josefina Torres Díaz, en la Corte Segunda.
Quizás lo más sorprendente de la versión
oficial es que las seis personas que durante más
de un año dirigieron ambas cortes "no aprobaron la
evaluación institucional que les fuera aplicada (...)
como parte del plan estratégico de transformación
del Poder Judicial que se ha venido poniendo en marcha,
por medio del cual se busca dejar en los cargos a los
funcionarios que resulten más idóneos y de comprobada
excelencia profesional".
Se recordó que la evaluación del desempeño
de todos los jueces del país se lleva a cabo por
medio de la Inspectoría General de Tribunales y,
entre otros aspectos, se toman en cuenta "el número
de sentencias que producen los jueces frente al volumen
que se aspira, la calidad de esas sentencias, el número
de casos revocados, el cumplimiento del horario de trabajo,
funcionamiento de los tribunales y las cortes, la armonía
y compatibilidad entre los grupos y los resultados de
las pruebas psicológicas".
Al parecer, corresponde a la Sala Plena la designación
definitiva de los sustitutos de los jueces removidos.
Sin embargo, los miembros de la Comisión Judicial
ya hicieron una primera elección: Javier Sánchez,
Alejandro Soto Villarroel y Aura María Trenard
Aparicio, para la Corte Primera, y Neguyen Torres,
Ana Cecilia Rodríguez y Sonia Margarita Fernández,
para la Corte Segunda.
Hasta el mediodía de ayer, los jueces de las
cortes Primera y Segunda no habían sido formalmente
notificados de su remoción de los cargos, por
lo cual ninguno quiso adelantar comentarios. Sin
embargo, trascendió que la decisión de
la Comisión Judicial les causó molestia,
pues se presume que, en realidad, lo que está
planteado es controlar la jurisdicción contencioso
administrativa mediante "un grupo de jueces de confianza",
los cuales se encargarían de procesos judiciales
que comprometen grandes intereses económicos
y políticos: control de todos los actos del
Gobierno Nacional sin rango ministerial, control
de todos los actos de los gobiernos estadales y
municipales, banca, mercado de valores, seguros,
telecomunicaciones, expropiaciones, multas y sanciones
interpuestas por la Contraloría General de
la República, inquilinato y carrera administrativa,
entre otros.
Otra especulación tiene que ver con la lucha
por el poder real sobre esta "apetecida" jurisdicción
entre los magistrados de la Sala Político
Administrativa (que designaron a los jueces removidos)
y los de la Comisión Judicial, presidida
por Luis Velásquez Alvaray.
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