La junta directiva del Colegio de Abogados de Caracas se pronunció en contra de la manifestación de proselitismo político durante el acto de apertura del Año Judicial que se llevó a cabo el pasado 26 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde un grupo mayoritario de los jueces presentes en el auditorio coreó eufóricamente una conocida consigna a favor del presidente de la República: "¡Uh, ah, Chávez no se va!".
Yvett Lugo, presidenta de la organización gremial, comentó que lo ocurrido es una demostración de que la separación de poderes, en tanto principio fundamental del sistema democrático, en la práctica ha sido desechado. Desde su punto de vista, los jueces han puesto sus inclinaciones partidistas por encima de los deberes inherentes a los cargos que desempeñan, a efectos de garantizar la administración de justicia con imparcialidad e independencia.
En el comunicado divulgado ayer se insiste en que los funcionarios públicos y en particular los funcionarios judiciales están al servicio del Estado y de ningún modo pueden obedecer a parcialidades.
Finalmente, los representantes de los abogados caraqueños instaron a las autoridades del TSJ a tomar medidas para que este tipo de hechos no se repita. Ello a pesar de que este miércoles el presidente del máximo tribunal, Omar Mora, restó importancia al incidente y dijo que, simplemente, tuvo que ver con la alegría que reinaba durante el acto de apertura del Año Judicial.
Lugo informó que el Colegio de Abogados de Caracas está interesado en contribuir al debate que se ha generado en torno a la prohibición de difundir actas procesales relacionadas con el caso Anderson que el juez sexto de Control, Florencio Silano, impuso a los medios. En tal sentido, han organizado un foro que se llevará a cabo la próxima semana en la sede ubicada en la avenida Páez de El Paraíso, con la participación de abogados y periodistas y el propósito de intercambiar opiniones y acordar acciones conjuntas de ambos gremios.
A título personal, Yvett Lugo dijo que no tiene dudas que el fallo del juez Silano constituye censura previa y, por tanto, vulnera los derechos a libre expresión y a la información consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos._EL