Según la experta de Plafam, quienes corren mayor peligro son aquellas cuyas edades se encuentran entre 14 y 16 años, pues ponen en riesgo su vida no sólo acudiendo a lugares donde se realizan abortos ilegales; sino también porque son capaces de arrojarse por las escaleras o tomar medicamentos que pueden inducir las contracciones y, por ende, la expulsión del feto, aunque después les sobrevenga una hemorragia que las obligue ir a un hospital.

De acuerdo con las cifras que maneja Manuel Arias, ginecólogo obstetra de la Maternidad Concepción Palacios y experto en atención postaborto, 23% de las adolescentes del país están embarazadas. Tan elevada cifra impulsa al Estado a considerar este problema como de salud pública.

Entre la espada y la pared
"El Código Penal vigente castiga con prisión de seis meses a dos años a la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma (Art.  430) y con prisión de doce a 30 meses a quien hubiese provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de ésta (Art. 431)", según expone el trabajador del Derecho José Luis Tamayo en su libro El aborto.

De acuerdo con el informe anual de Provea de 2004, esta "condición de ilegalidad genera situaciones de riesgo para las mujeres que deciden someterse a un aborto y deben acudir a centros inadecuados". Incluso cita al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que señala en  sus observaciones finales al Estado venezolano que: "la penalización de todo aborto, no terapéutico, plantea graves problemas...".

“En 2005, la Asamblea Nacional estudió la posibilidad de reformar el Código Penal para eximir de castigo a aquellas mujeres que interrumpan el embarazo en casos determinados”.

En 2005, la Asamblea Nacional estudió la posibilidad de reformar el Código Penal para eximir de castigo a aquellas mujeres que interrumpan el embarazo en caso de violación o de que el bebé presente malformaciones severas. Sin embargo, esto no prosperó por las posiciones en contra.

 Arias asevera que "nadie puede estar a favor del aborto. Lo que existe es gente que piensa que bajo ciertas circunstancias debería permitirse". Asegura que en Venezuela es ilegal interrumpir el embarazo de un bebé anencefálico (sin masa cerebral), que no va a sobrevivir fuera del vientre materno.

"A mí me costó entender por qué había   días en que atendía más situaciones postabortos que partos y sólo después de ver cómo se me murieron varias mujeres por complicaciones empecé a ver el panorama de forma diferente".

El doctor Fernández relata que "los abortos provocados tienen una alta tasa de mortalidad. Aquí mueren dos mujeres por semana por aborto séptico". Asegura que según las cifras del Ministerio de Salud, en hospitales y ambulatorios públicos adscritos a éste entre 1997 y 2001 se contabilizaron 380 mil abortos tanto espontáneos como inducidos. "Eso te da un promedio de 76 mil por año. Sólo en la Maternidad Concepción Palacios, en 2003, se reportaron 336 casos mensuales. A nivel privado yo me atrevería a duplicar esa cifra, aunque éstas son totalmente desconocidas".

Arias explica el porqué muchas de estas mujeres deciden practicarse este tipo de procedimientos aun sabiendo que ponen en riesgo su vida y es que entre 10 y 27% de ellas han sido víctimas de algún grado de violencia intrafamiliar o sexual y han quedado embarazadas. También, en el país se calcula que aproximadamente la utilización de algún método anticonceptivo por mujeres en edad reproductiva está alrededor de 15%, puesto que la mayoría no tiene acceso a éstos.

Igualmente, aquellas que se protegen pueden entrar a formar parte de las estadísticas pues ningún método anticonceptivo es 100% seguro.  Pese a estas cifras, la mayoría de las mujeres que quedan embarazadas deciden proseguir. "No hay edades ideales para quedar embarazada. Yo creo que hay condiciones ideales que se ajustan a sus planes de vida", señaló Madriz.