JUAN M. ECHEVERRIA

Nos preocupa la banalización de la explosión delictiva y el colapso institucional. Es grave aceptar como inevitable que los menores vivan en las calles, también que las urbanizaciones y barrios funcionen como guetos y enfocar el éxito de los centros comerciales desde el ángulo de la seguridad. Todo lo anterior se resume en aceptar cualquier pérdida económica en manos de la delincuencia, con el comentario de que al menos salvamos la vida.

Si a lo anterior agregamos la desconfianza de la colectividad frente a la policía y la justicia, se plantea la urgencia de demostrar que la denuncia y la acción policial pueden lograr resultados efectivos, insistiendo en la depuración de las instituciones que deben atender a los ciudadanos en general, sin que éstos sean aplastados por el Estado. Lo cierto es que la base de una estrategia de seguridad es la coherencia entre sus distintos integrantes y la flexibilidad que le permita autoajustarse, de acuerdo a la aparición de nuevas categorías delictivas y al crecimiento exagerado de otras.

Por eso hay que acabar con el divorcio entre la población y las instituciones; sólo que para ello hace falta una justicia efectiva, garantizar la protección de las personas y las propiedades y brindar un margen de seguridad al cuerpo social, acentuando la actuación de los jueces de paz y la represión sobre los delitos violentos y aberrantes, el secuestro, el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas y los ajusticiamientos. Entendiendo que la policía no puede politizarse ni actuar como una fuerza militar, ya que el delito se incuba en lo económico y social y se debe combatir con criterios civiles.

Se impone erradicar la excesiva dependencia de la realidad judicial del Poder Ejecutivo, mejorar la probabilidad de que un delincuente sea capturado después de cometer un delito, así como las posibilidades de sancionarlo, la prevención situacional y los procedimientos de coordinación; cuando la crisis es el resultado de un largo período de abandono que afecta los aspectos más sensibles de la sociedad. La policía y la justicia tienen que actuar frente al riesgo de las armas de fuego, porque un porcentaje elevadísimo de los homicidios son producto de su uso indiscriminado y de los delitos de alta violencia.

Esta es la oportunidad de atender con motivación y logística el delito vecinal, así como a los menores que comienzan a delinquir y los delitos masivos. De allí que sean fundamentales los anillos o islotes de seguridad, que permitan recuperar los espacios ganados por la delincuencia y una mayor supervisión sobre los lineamientos de autodefensa, con planes concretos de incorporación de la comunidad en la lucha contra el crimen.

El sentimiento de seguridad es parte de la inseguridad real y es un problema en sí, por eso el Estado tiene que abordarlo.

juanmartin@cantv.net