SARA CAROLINA DIAZ

EL UNIVERSAL

Un inventario de las organizaciones no gubernamentales que operan en el país y que están vinculadas con el otorgamiento de ayuda internacional estará a disposición del gobierno del presidente Chávez, junto con, entre otros detalles, reportes con montos y fuentes de financiamiento, radiografía de las actividades que realizan, administración, proveniencia y otras especificaciones que deberán presentar esas instancias a un órgano oficial aun no determinado. El reporte obligado deberá hacerse cuando el Parlamento de el visto bueno a la Ley de Cooperación Internacional que la semana pasada fue aprobada en primera discusión por la Plenaria del Parlamento. Un lapso de seis meses tendrán las ONG que realicen actividades de cooperación fronteras afuera para inscribirse en el registro, de acuerdo con la primera disposición transitoria del proyecto de ley redactado por la Comisión de Política Exterior. El vicepresidente de esa comisión legislativa y corredactor de la Ley de Cooperación Internacional, Carlos Escarrá, defendió la creación de un registro nacional y señaló que la intención es hacer un sistema de información para saber cuáles son las ONG que trabajan en el marco de la cooperación internacional. "Se trata de un proceso nacional de rendición de cuentas que no tiene nada que ver la revisión de la actividad interna de la organización ni con sus expedientes ni sus archivos", aseguró Escarrá. No obstante, el artículo 23 del proyecto de ley plantea la posibilidad de que las ONG nacionales y extranjeras que operen en el país podrán ser auditadas de acuerdo con los criterios que se establezcan en el reglamento que en su momento diseñe el Ejecutivo. Las ONG también deberán, según el artículo 22, "suministrar a las autoridades competentes, así como a cualquier ciudadano que lo solicite, la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, administración y destino de sus recursos especificando las fuentes de financiamiento". A juicio de Escarrá resulta fuera de lugar "el escándalo que se ha armado" con la discusión de la norma. El diputado oficialista cree que una de las razones de la polémica es que "a mucha gente le da miedo presentar los libros". Ese "mucha gente" se refiere a un grupo de ONG pertenecientes a la red Foro por la Vida y organizaciones de desarrollo social y promoción humana que firmaron un comunicado publicado recientemente en medios nacionales. El remitido rechaza la norma porque "lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento no-gubernamental en el país". "Ese comunicado lo firmaron 62 organizaciones cuyos miembros se reducen a 25 personas. Son ONG que supuestamente pregonan la democracia pero que no tienen democracia interna. No pueden hablar de democracia si no la practican", dijo Escarrá, quien aseguró que en la comisión recibieron una carta firmada por casi mil ONGs apoyando la Ley. "Se trata de 600 mil personas frente a 25 que resumen las 62 ONG que protestaron. Sólo queremos saber quiénes son y cómo son las ONG", dijo Escarrá. La norma crea un órgano que financiará las ONG que no reciben financiamiento del exterior que, a través de un fondo (no reembolsable) destinará recursos a organizaciones sociales que estén vinculadas a la cooperación internacional siempre y cuando se ajuste a las proridades de la política exterior de Venezuela.