Carlos Correa Confusión, ambigüedad y mucha discrecionalidad son las palabras que resumen los riesgos del proyecto de Ley de Cooperación Internacional aprobado en sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Una madeja de conceptos entre los que se confunden elementos positivos y necesarios con aspiraciones de control que son incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado venezolano. La primera de las confusiones es la asociación entre la cooperación que realiza el Estado venezolano en otros países y la que puede realizarse en la República Bolivariana de Venezuela. La exposición de motivos de la iniciativa legislativa dibuja la política de cooperación que impulsa el gobierno venezolano (aspecto que requiere ordenamiento jurídico) pero en sus artículos procura la regulación y control de la cooperación que se realiza en la sociedad venezolana por parte de diversas organizaciones no estatales nacionales e internacionales. La segunda es la confusión entre la construcción de las prioridades que debe adelantar el Estado para la cooperación que realiza y recibe; y las que pueden efectuar las organizaciones de la sociedad de acuerdo con sus intereses, visión y aspiraciones. Esta confusión deriva en una ambigüedad en torno a la constitución del Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional que puede leerse como una pretensión de controlar unilateralmente las prioridades de toda la cooperación internacional que también es diversa. La generalidad de las obligaciones establecidas y el desdén manifiesto en su definición precisa tiene como una consecuencia su transmisión hacia las otras etapas del desarrollo normativo, dejando que una solución de facto se tome en otras instancias. Se abre la posibilidad para que el reglamento establezca las obligaciones no definidas en la ley y que la discrecionalidad de poder ejecutivo gravite sobre la regulación. Esta discrecionalidad es inaceptable, en cuanto abre caminos a la duda, incertidumbre y confusión. Por iniciativas legislativas parecidas, impulsadas en otros países, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que algunos Estados mantienen legislaciones, políticas o prácticas que restringen o limitan el ejercicio de las organizaciones de derechos humanos mediante controles administrativos, tributarios y fiscales abusivos. Las organizaciones de la sociedad venezolana (organizaciones no gubernamentales, universidades, iglesias, movimientos sociales...) tienen un marco legal que las regula de manera suficiente para cumplir con las aspiraciones de una sociedad democrática. En el caso que existan otros ámbitos necesarios de regulación, debe hacerse en una ley clara, precisa que se adapte a las obligaciones constitucionales que incluyen el deber estatal de estimular, apoyar y promover la participación popular y no su control. Por ello es indispensable la participación ciudadana en las distintas fases del proceso legislativo, incluyendo el diagnóstico previo a la presentación de los proyectos legislativos. Una participación real, no exclusiva para las voces afinadas que desconocen y criminalizan la pluralidad de los tonos de la sociedad venezolana. Es necesario dejar de lado el atropello parlamentario y abrir espacios que permitan el debate argumentado evitando así las confusiones y sus riesgos. ccorrea@ucab.edu.ve