El tradicional enfrentamiento entre la izquierda y la derecha signó el debate en el Parlamento Europeo que ayer terminó aprobando una resolución a propósito de la no renovación de la concesión a RCTV, que recuerda al gobierno de Hugo Chávez "su obligación (de) respetar y hacer respetar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa, obligación establecida en su propia Constitución, en la Carta Democrática Interamericana, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que es parte signataria".

Para el momento del debate sobre RCTV, el Europarlamento mostraba un hemiciclo semivacío -precisó AFP- con apenas 65 de sus 785 miembros. La moción se aprobó con 43 votos del Partido Popular Europeo (PPE), el grupo Liberal (ALDE) y el soberanista Unión por la Europa de las Naciones (UEN), mientras que los Socialistas, la Izquierda Unida y los Verdes sumaron 22 votos en contra.

Este último bloque había presentado una propuesta alternativa que no se debatió, que instaba a las autoridades venezolanas a velar por el pluralismo informativo, pero sin enjuiciar su actuación en el caso RCTV, citó Efe.

Hubo acusación por parte de los Verdes que desde España se fragua una campaña contra Chávez, afirmó la italiana Mónica Frassoni, quien abogó por propiciar el diálogo. El polaco Marcin Libicki y el inglés Daniel Hannan (PPE) compararon la situación de la libertad de expresión en Venezuela con la época del comunismo en Europa del Este. El español Manuel Medina (PSE) dijo que en Venezuela hay libertad de prensa y el país goza de un régimen democrático. El comunista Giusto Catania, dijo que en Venezuela no se viola ningún derecho y RCTV apoyó el golpe, afirmación ésta que fue desmentida por el portugués José Ribeiro (PPE), quien dijo que "ninguna acusación ha sido probada".

La moción añade que el fin de las transmisiones "priva a gran parte del público de una información pluralista" y atenta contra la existencia de un "contrapoder", así como reclama "un trato jurídico igual para todos los medios de comunicación, públicos o privados, con independencia de toda consideración política o ideológica" y dice que el fallo del TSJ "no ha respetado el plazo". "Lamenta profundamente la nula predisposición al diálogo" del Gobierno. También expresa su preocupación por los empleos de los 3 mil trabajadores. EG