Cada nuevo zarpazo en contra de la propiedad privada significa una corrida de millones de bolívares en capitales que buscan guarecerse fuera de Venezuela de la inflación y los excesos que afectan el patrimonio de las empresas y de las personas. El hecho de empujar al país a navegar en aguas turbulentas no lo llevará a ningún puerto seguro. Muy por el contrario, medidas que son adoptadas al fragor de un verbo encendido, irreflexivamente, sin medir consecuencias, disfrazadas con un barniz de legalidad, repercutirán negativamente en toda la sociedad, castigando como siempre ocurre a los sectores más vulnerables.

Desde variados escenarios se ha venido montando un cerco que oprime y restringe la actividad privada, con leyes inconsultas y enfocadas hacia el modelo económico en proceso, con mayores cargas fiscales, controles e intervencionismo. Venezuela es hoy el quinto país del mundo con la economía más controlada y con mayores regulaciones, y este no es ningún trofeo, sino una preocupante marca que aleja a inversionistas nacionales y extranjeros, y eso significa retroceso, descapitalización, reducción de la producción y del empleo.

El país se construyó con la fuerza del emprendimiento privado, la participación del capital foráneo, y políticas de Estado incluyentes, con base en el respeto a las libertades económicas y el derecho a la propiedad,  claves para el desarrollo económico y social. Ahora, en aras de una supuesta justicia social se intenta liquidar un aparato económico que costó décadas construir. La pobreza no se enfrenta destruyendo ni restringiendo libertades. La mejor vía para reducirla es difundiendo los valores de la propiedad, promoviéndola, para que Venezuela sea un país de propietarios de un pedazo de tierra, de su vivienda, de su fuente de sustento, con libertad para autodeterminar su vida, inclusive su derecho a la información y a la recreación.

La incautación de los equipos de RCTV amparada por el dictamen amañado del TSJ, se inscribe en ese frenético modelo demoledor cuyos embates han sufrido otros sectores económicos. Alertamos sobre el perverso precedente que esa medida cautelar pudiera generar en contra del patrimonio de empresas o de las personas, con la introducción de recursos similares, lo que desataría además del miedo un clima de anarquía. Con el pretexto de defender los intereses difusos del colectivo la Sala Político Administrativa del TSJ dictaminó que una institución tome y utilice bienes de propiedad privada.

Lo más sorprendente es que el Comité de Usuarios que interpuso el recurso rechazó el dictamen, desistió del amparo porque no fue solicitado para ese propósito, sino  "para que se respeten los derechos a la información y a la recreación que tienen los venezolanos". Está claro que imperó la orquestación entre los poderes.

La indefensión de los ciudadanos crece frente a la impunidad. En el sector residencial se han cometido excesos entre invasiones, expropiaciones y confiscaciones de inmuebles y edificios, y sus propietarios no han sido indemnizados. Más de 400 edificios han sido afectados y la lista llega casi a los seis mil inmuebles invadidos, los más, por grupos organizados que se lucran con la necesidad de los sin techo. Se insiste así en el facilismo de desconocer los derechos de unos, a quienes se sataniza, para intentar resolver la crisis habitacional, mientras resulta más evidente la incapacidad del Estado para construir soluciones por sí solo. Esa vía compulsiva ha generado incertidumbre, desinversión y la contracción del mercado.

No se puede pretender ocupar bienes de propiedad privada sin que medie un proceso de expropiación. El sistema  establecido en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, comprende las fases administrativas, la etapa conciliatoria y el juicio expropiatorio. De manera que toda acción distinta constituye un flagrante atropello a los derechos de los venezolanos, una violación a la Constitución y las leyes, y la forma de continuar socavando las defensas del país.

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Director General del Centro Inmobiliario Profesional (CEINPRO).