EUGENIO MARTÍNEZ
EL UNIVERSAL
En los próximos 10 años los venezolanos deberán
acudir -cómo mínimo- a 10 elecciones. Sólo
en los años 2011 y 2014 el país podría descansar
de la diatriba electoral, siempre y cuando no se activen referendos
revocatorios, consultivos o abrogatorios.
Dos son las causas que explican el asfixiante cronograma
electoral venezolano: La separación de las elecciones
locales a raíz del megafracaso del año 2000 y los
dispares periodos de gobierno que provocan que la elección
de gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales
sea cada cuatro años, la de los diputados ante la Asamblea
Nacional cada cinco años y la de presidente de la República
cada seis años.
Para el 16 de noviembre de este año está prevista
la elección de los diputados a los consejos legislativos
de los estados, gobernadores y alcaldes; sin embargo la elección
de los burgomaestres a finales de año está supeditada
a que prospere el contenido del proyecto de Ley de Procesos
Electorales en donde se plantea la posibilidad de prolongar
360 días el mandato de los alcaldes para separar la elección
de los cargos regionales de los funcionarios de ámbito
local.
Sin importar lo que ocurra con este proyecto de Ley, en el
2009 también habrá elecciones, porque, como mínimo
deben escogerse a los integrantes de los concejos municipales
y juntas parroquiales.
En diciembre del año 2010 los venezolanos votarán
para escoger a los 167 integrantes de la Asamblea Nacional.
Culminado este proceso los ciudadanos -referendos al margen-
podrán descansar un año. No obstante, en el 2012
coincidirá la elección presidencial con la votaciones
para gobernadores, diputados a los consejos legislativos de
los estados y alcaldes.
El 2013 el CNE volverá a convocar a los venezolanos
a las urnas. En esta ocasión para escoger a los que se
suponen son los funcionarios de elección popular más
cercanos a los electores: los representantes ante los concejos
municipales.
El 2014 será de descanso para retomar en el 2015 la
elección de los diputados a la Asamblea Nacional, en
el 2016 la designación de los funcionarios de ámbito
regional, en el 2017 los funcionarios de ámbito local
y en el año 2018 una nueva elección presidencial.
Faltan los revocatorios
En los dos teóricos años electorales sabáticos
(2011 y 2014) probablemente se deba votar. No obstante la
presencia de los venezolanos ante las urnas dependerá
de la activación de referendos revocatorios.
A partir del año 2011 puede solicitarse la activación
de consultas populares de mandato para los funcionarios locales
que serán elegidos en el mes de agosto del año 2009.
La situación no es diferente en el caso del año
2014. Aunque no hay eventos electorales previstos, los ciudadanos
organizados o los actores políticos podrán pedir
la activación de los referendos revocatorios en contra
de los gobernadores y alcaldes que serán elegidos en
el mes de noviembre de este año.
En sólo tres de los próximos 10 años no existe
la amenaza de referendos revocatorios en el cronograma electoral.
Concretamente no existirán referendos revocatorios -de
ningún tipo- en los años 2012, 2016, 2017.
Los procesos sorpresa
Existen otros eventos electorales que no tienen fecha tentativa
y que podrían activarse en cualquier instante. Este es
el caso de los referendos consultivos, como el realizado en
el mes de diciembre del año 2007 para dirimir la aprobación
de la reforma constitucional, los referendos abrogatorios
para solicitar la anulación de leyes aprobadas por la
Asamblea Nacional o en casos más extremos la nueva convocatoria
de una Asamblea Nacional Constituyente.
Si la propuesta del ex ministro de la Defensa, Raúl
Isaías Baduel, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente
prospera, en menos de un año los venezolanos deberán
acudir hasta a tres procesos electorales diferentes.
El primero evento será un referendo consultivo para
dirimir si debe convocarse o no la instancia que permita refundar
el Estado, el segundo proceso será la elección para
designar a los Constituyentistas que redactarán una nueva
Carta Magna y el tercer evento será el referendo consultivo
para conocer si los ciudadanos aprueban la nueva Constitución.
emartinez@eluniversal.com
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