JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

Tras más de un año en el olvido el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson volvió ayer a la palestra. El motivo: el fiscal Hernando Contreras, uno de los cuatro encargados de investigar el crimen, acusó al ex fiscal general de la República Isaías Rodríguez de forjar pruebas y de dirigir las averiguaciones con el fin de sentar en el banquillo de los acusados a personas que no estarían involucradas en estos hechos.

La denuncia la formuló Contreras por medio de una carta, de cuatro páginas de extensión, la cual le envió a la jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, a mediados de este mes.

En su comunicación, el funcionario aseveró que las declaraciones del testigo Giovanny Vásquez de Armas en efecto habrían sido modificadas, tal y como lo aseguró años atrás la defensa del banquero Nelson Mezerhane, uno de los cinco acusados de planificar el atentado de noviembre de 2004.

"La responsabilidad sobre el cambio del contenido de las actas de entrevistas rendidas por el testigo (...) recaía directamente en la persona del entonces fiscal general (...) quien alegaba, luego de leerlas, que éstas debían ser consultadas con el 'alto Gobierno ya que esa investigación era un problema de Estado'; posteriormente nos reunía a los fiscales comisionados y nos decía que debíamos quitar a tal persona o colocar el nombre de esta otra, así como decir sus rasgos o características que pudiera individualizarla", aseveró, al tiempo que agregó: "Nada se hacía si no era por instrucciones precisas".

Contreras cuestionó la manera como se obtuvieron las declaraciones de Vásquez, las cuales sustentaron las ordenes de captura contra Salvador Romaní, Nelson Mezerhane, Eugenio Áñez y Patricia Poleo, pues no estuvieron presentes los defensores de éstos. Asimismo criticó el hecho de que el ex fiscal general le hubiera dado tanta importancia a esos señalamientos y afirma que él le advirtió varias veces sobre las inconsistencias en el testimonio.

No obstante, el funcionario jamás exteriorizó estas objeciones durante los meses que duró el juicio a los autores materiales (Rolando, Otoniel y Juan Guevara) ni durante el tiempo que se prolongaron las pesquisas sobre la autoría intelectual.

Contreras también denunció que la deportación de Johan Peña y Pedro Lander, otros sospechosos de ejecutar el asesinato de Anderson, desde Estados Unidos no se ha realizado porque "no le interesaba al Gobierno".

Concluyó su carta solicitándole a Ortega Díaz que reinicie desde cero las averiguaciones y acusando a Rodríguez de dejar que "egocentrismo y compromisos políticos" lo desviaran de sus funciones.

En el Ministerio Público recibieron con sorpresa la denuncia de Contreras, pues fuentes de esa institución aseguran que él está prácticamente fuera. Los informantes informaron que la fiscal general le solicitó su renuncia en enero pasado, la cual no se ha hecho efectiva porque Contreras solicitó un reposo médico y no se ha reincorporado desde entonces.

Por último, se conoció que el funcionario tiene dos investigaciones abiertas: Una por los constantes permisos solicitados y la otra por el bajo rendimiento laboral que ha tenido. "En 2007 sólo concluyó 3 de las 48 investigaciones que se le encomendaron ", aseguraron en predios de la Fiscalía.