EDUARDO CÁMEL ANDERSON

EL UNIVERSAL

Aunque su origen es estadounidense, la compañía Exxon Mobil está facultada plenamente para invocar la protección derivada del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre Holanda y Venezuela, el cual le garantiza, entre otros puntos, que el caso sea dilucidado en el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi).

Resulta que la compañía que originariamente constituyó la empresa para asociarse con Petróleos de Venezuela en la explotación del proyecto Cerro Negro (Mobil-Cerro Negro) está domiciliada en los Países Bajos, mismos que se encuentran amparados en el citado convenio, el cual entró en vigencia desde agosto de 1993.

Esto lo explicaron analistas consultados por este diario ante declaraciones hechas por el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien indicó que el tratado ha generado distorsiones en el proceso judicial que tiene pendiente Pdvsa con Exxon Mobil.

"(El acuerdo) enmascara cosas irreales (...) El mayor inversionista en el país es holandés. No porque las compañías vengan de Holanda, sino porque las empresas se registran como holandesas y esto trae una distorsión. Exxon, Eni de Italia aparecen como holandesas. Estamos estudiando el punto porque se está abusando de una figura", dijo Ramírez, en un programa de televisión.

El análisis incluye una posible denuncia (proceso de desincorporación de Venezuela de la suscripción).

En atención a ese convenio, Venezuela debió aceptar la jurisdicción arbitral del Ciadi, en el seno del cual, según apreciaciones del presidente Hugo Chávez, el país siempre pierde los casos a los cuales asiste.

Para el Gobierno, dijeron las fuentes, las obligaciones con el Ciadi implican que no puede cumplirse al 100% con las disposiciones constitucionales que dicen que en contratos de interés público se considerará incorporada, aún sin estar de forma expresa, una cláusula según la cual dudas y controversias no resueltas amigablemente serán decididas por los tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes "sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras".

Refirieron las fuentes que Venezuela ha suscrito unos 25 tratados y acuerdos comerciales de inversiones recíprocas, pero sólo nueve de ellos están vigentes.

"Es práctica normal que las empresas que celebren contratos en otros países revisen cuáles son los convenios vigentes, y domicilien sus filiales en países que estén amparados, para disminuir los riesgos de discrecionalidad de los gobiernos", dijo una de las fuentes.

Los acuerdos de inversión recíproca establecen parámetros en aspectos como las expropiaciones en casos de interés público, ámbitos de aplicación de la inversión e instancias de solución de controversias. Comprometen también indemnizaciones por pérdidas a algunas partes por parte de otras.

Los casos de Exxon Mobil y Eni no son nada aislados.

Una situación similar hay en Bolivia, en donde la estadounidense Bechtel & Ass instaló la compañía Aguas del Tunari en Holanda, y actualmente se encuentra en conflicto con el gobierno de Evo Morales. Ese país mantiene otro juicio con Petrobrás, que domicilió su filial Petrobrás-Bolivia en Holanda.