PEDRO PABLO PEÑALOZA

EL UNIVERSAL

"¡Sigue viva, sigue viva!", exclamó el presidente Hugo Chávez la madrugada del 3 de diciembre, cuando el oficialismo sufría su primer luto electoral.

Minutos después de haber escuchado el boletín del Consejo Nacional Electoral, que daba cuenta de la derrota popular infligida al proyecto de reforma a la Constitución, Chávez sentenció: "Quiero que sepan que ni una sola coma de esta propuesta yo retiro, continúo haciendo la propuesta al pueblo venezolano, esta propuesta sigue viva, no está muerta".

Pasados cuatro meses del referendo, podría decírsele al electorado que "el muerto que vos matasteis goza de buena salud". El mandatario sienta las bases de un modelo productivo socialista, sustrae competencias a gobernaciones y alcaldías, planea la creación de comunas socialistas, base de la nueva geometría del poder, y defiende la aplicación de un currículo que exalta el "socialismo bolivariano".

El sociólogo Trino Márquez advierte que, al tratar de imponer las ideas contenidas en su propuesta de reforma, Chávez viola los principios fundamentales de la Carta Magna e irrespeta la voluntad popular.

Márquez considera que "el mandato que recae sobre los poderes públicos es cumplir con los resultados del 2 de diciembre". El director académico de Cedice señala que debe exigírsele al Tribunal Supremo de Justicia que ordene al Ejecutivo y el Legislativo retirar la propaganda que aluda al socialismo.

"La Asamblea Nacional debe vetar cualquier ley que tenga un contenido socialista. Temas como la creación de las comunas y el fortalecimiento de la propiedad social, que generaron tanto rechazo y resistencia, no pueden incluirse ahora. No es admisible que la AN pretenda ignorar los resultados del referendo", enfatiza Márquez.

Sin embargo, el 4 de diciembre pasado el Parlamento aprobó un acuerdo, presentado por la diputada Desirée Santos Amaral, donde anunciaba su decisión de "acompañar al Ejecutivo nacional en su disposición de mantener su propuesta" de reforma a la Carta Magna.

"Aquí no están planteando modificar las políticas públicas. Proponen un cambio en el régimen socioeconómico y sociopolítico, una modificación de la estructura del Estado venezolano", alerta Márquez.

El experto en Derecho Administrativo Gustavo Linares Benzo subraya que Chávez debe respetar el veredicto de los ciudadanos. "En esta caso estamos hablando de una 'cosa juzgada popular'. Los juicios se pierden para siempre", destaca.

Durante la discusión que precedió la convocatoria del referendo, analistas indicaron que varias de las iniciativas que formaban parte de la reforma podían materializarse a través de simples leyes y decretos. Como ejemplo se citaron la reducción de la jornada laboral y el fondo para los trabajadores no dependientes. Sobre esta posibilidad aún no se ha pronunciado el Presidente, que ya ha asomado su intención de meter una "enmiendita" para conquistar la reelección indefinida.

"Ahora hay que tomar en cuenta el peso de la negativa, que también tiene un valor jurídico. El pueblo dijo no", sostiene Linares Benzo, tras aseverar que en este período no hay más espacios para reformas o enmiendas a la Carta Magna.

El profesor universitario llama la atención acerca de la amenaza que representa una "reforma por otras vías". "Con la nueva geometría del poder, Chávez busca eliminar toda instancia poderosa entre él y el individuo. El jefe de Estado pretende eliminar las competencias de municipios y estados para convertir el país en una confederación de consejos comunales, instituciones débiles receptoras de la caridad presidencial".

Linares Benzo asegura que, una vez que los venezolanos manifestaron su rechazo a la oferta de Miraflores, "lo que propuso el Presidente no se puede hacer con leyes".