MAYELA ARMAS H.

EL UNIVERSAL

Aunque las regiones cuentan con tres fuentes de financiamientos para atender sus gastos de funcionamiento y las inversiones, poco a poco el gobierno central le ha estado creando un cerco financiero.

Mediante las reformas a los marcos legales las transferencias son menores y ahora con el tributo a los precios extraordinarios del crudo y la reducción del aporte de impuesto sobre la renta, las regiones dejarán de percibir menos recursos, y se estima que este año no contarán con 1.100 millones de dólares.

Las gobernaciones y alcaldías se nutren del situado constitucional (20% del ingreso ordinario), la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (25% de lo recaudado a través de los tributos de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas) y el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (15% del impuesto al valor agregado).

Sin embargo, desde el año 2006 existe una redistribución de lo que se contempla a través de LAEE y Fides, debido a que 30% de ese dinero se le tiene que traspasar a los consejos comunales. Esa modificación implicó destinar menos fondos a las gobernaciones y las alcaldías.

Si bien en cada ejercicio se asigna, vía presupuesto más dinero a las regiones, la redistribución de los fondos afecta. Pero esos ajustes no son los únicos que impactan, también ha tenido incidencia la menor contribución que está realizando la industria petrolera mediante el impuesto sobre la renta.

Abelardo Daza, economista y miembro de la firma ODH explica que la evolución que han estado registrando los ingresos para las regiones demuestra en parte la tendencia centralista en el manejo del gasto y en ese marco, comenta que parte de ello se observa con los recursos que ha estado manejando Pdvsa.

La industria entre 2003 a 2007 aportó recursos, sin incluir los impuestos, de 38.000 millones de dólares y esa contribución se hizo mediante fideicomisos y traslados al Fonden. Pero, explica Daza, esos aportes especiales se incluyen como costos y gastos al momento de efectuar el pago por impuesto sobre la renta, lo que implica que en un período de cinco años se dejaron de entregar por ISLR 17.000 millones de dólares y por lo tanto las regiones dejaron de contar con 3.400 millones de dólares.

Aunado a ese menor aporte de ISLR, ahora se añade el impuesto sobre los precios extraordinarios del crudo que se aprobó el pasado mes de abril.

De acuerdo a lo previsto en el marco legal, los recursos que se generen con el tributo serán deducibles de los aportes efectuados al Fonden y esos montos pagados a través de la contribución serán contabilizados como costos del ISLR.

Daza explica que si el precio del Brent se mantiene por encima de los 100 dólares se tendría que aplicar una alícuota de 60% con lo cual se terminará cancelando menos ISLR, cerca de 2.000 millones de dólares se dejarían de aportar. Ante ese monto que ya no se traspasaría, y dado que las regiones tienen que recibir 20% de los ingresos ordinarios, se tiene que las gobernaciones y alcaldías no contarían con 400 millones de dólares de recursos extraordinarios.

Ese monto, señala el economista, se tiene que añadir a lo que ya se deja de entregar por ISLR que cada año es 700 millones de dólares y por lo tanto los estados y municipios tendrían 1.100 millones de dólares menos.

Comenta que más allá del nuevo impuesto, los otros aportes de la industria petrolera a las misiones, los fideicomisos y Fonden son los que terminando afectando más los ingresos totales.

Para el analista las medidas que se están ejerciendo sobre las finanzas de las regiones en parte están dirigidas a crear una mayor dependencia del poder central, sin embargo, las acciones pueden tener un efecto boomerang, debido a que al final se puede argumentar que las obras y pagos no se concretan por los dificultades en las entregas de los diferentes recursos.