PEDRO PABLO PEÑALOZA
EL UNIVERSAL
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe
de la Comisión de Contraloría que declara la responsabilidad
política del gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez,
por un daño patrimonial superior a los 200 millardos
de bolívares.
El líder de la mencionada instancia legislativa, Julio
Moreno, destacó que durante la investigación "se
cubrieron todos los extremos legales" y se respetó el
derecho a la defensa.
Moreno recordó que entre 2004 y 2005 el mandatario regional
dictó 15 decretos de emergencia "que no cumplieron con
los requisitos constitucionales ni legales". El representante
de Trujillo aseguró que "los decretos de emergencia se
firmaron para evadir los procesos de licitación", y denunció
el supuesto desorden administrativo que marcó la conducción
del Instituto Autónomo para el Desarrollo Social del
Estado Yaracuy (Fundesoy). "¡No hay cabida para la corrupción
en la revolución, cárcel a los corruptos!", finalizó
Moreno.
Además de Giménez, otras 19 personas, incluidos
directivos de Fundesoy y la procuradora de la entidad llanera,
resultaron sancionadas por la Cámara.
Cuentas pendientes
El vocero de Podemos, Juan José Molina, aplaudió
el esfuerzo de la Comisión de Contraloría, pero
lamentó que la "vehemencia" exhibida en esta ocasión
no se imprimiera para averiguar los casos de Petróleos
de Venezuela y Mercal.
Molina recordó que en diciembre pasado solicitó
una investigación sobre la procedencia del maletín
con los 800 mil dólares de Guido Antonini Wilson; sin
embargo, "hasta la fecha no he recibido respuesta a mi exigencia",
enfatizó.
Luis Tascón también fustigó la labor de sus
colegas: "¡Tenemos que, de verdad, castigar la corrupción
sin importar quién sea! ¿Cuál es la diferencia
entre el sobreprecio en la adquisición de unas unidades
de transporte por parte de José David Cabello, y los
decretos de emergencia de Giménez?", cuestionó.
El candidato a la Alcaldía de Caracas preguntó
a sus camaradas: "¿Qué pasó con los taladros
de Pdvsa y Luis Vierma, que asignó mil millones de bolívares
a empresas de maletín?".
El diputado Wilmer Azuaje señaló que la lucha contra
la corrupción debe comenzar en Barinas, donde "existe
una gran cantidad de obras hechas sin licitar". Cuando Azuaje
se disponía a sustentar su reclamo, la jefa de la AN,
Cilia Flores, le interrumpió para objetarle que estaba
"fuera de orden".
Luego de esta observación, Iris Varela tomó la
palabra y recordó hechos irregulares que se registraron
en el pasado. A Varela nadie la molestó.
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