SAILÚ URRIBARRÍ
CIUDAD BOLÍVAR.-
Ciudad Guayana.- Al denunciar la existencia de un
basurero improvisado ubicado en los alrededores del aeropuerto
de Santa Elena de Uairén en el municipio Gran Sabana,
Alejandro Lanz, director general del Centro de Investigaciones
Ecológicas del Venezuela (CIEV), exhortó a las autoridades
del Ministerio del Ambiente a atender la situación que
pone en riesgo el equilibrio socio-ambiental de esa zona turística.
Certificó que la situación generada por el vertedero
ilegal de basura afecta seriamente a la comunidad indígena
de Santo Domingo de Turasen, y aseguró que "más
temprano que tarde esto va a causar serios problemas de salud,
no sólo a esta comunidad sino a las adyacentes como:
Maurak, Buena Vista de Kinok-pararú, Waramasen, entre
otras".
El investigador maneja la existencia de denuncias de algunos
de los habitantes indígenas de la zona quienes registran
inconvenientes derivados por la emisión del gas metano.
Destacó las condiciones de los ríos El Surukun,
el Kukenan, Uaiparú y Los Caribes, señalando que
reportan "tal grado de contaminación que ya no proporcionan
alimento a los indígenas de la localidad".
El municipio Gran Sabana posee 4.500.000 hectáreas de
las cuales 3.326.000 pertenecen al Parque Nacional Canaima.
Falta de autoridad
Aseguró que aunque se han hecho públicas las denuncias
establecidas sobre la supuesta contaminación de las aguas
destinadas para el consumo masivo en la Gran Sabana, específicamente
en la localidad de Santa Elena de Uairén, no han sido
investigadas por el Ministerio para el Poder Popular para
el Ambiente.
Responsabilizan de la situación a las autoridades de
la Aduana Ecológica que funciona en la población,
zona fronteriza con Brasil. "No es posible que cuando queremos
impulsar un socialismo con criterio ecológico algunas
autoridades no sepan su rol o no quieren saber su rol, ya
basta que se sigan engañando a las comunidades para poner
en riesgo su salud a costa de migajas", criticó Lanz.
A esta situación, Lanz agregó el desequilibrio
sociocultural que ha provocado el desarrollo de la minería
ilegal en el municipio Gran Sabana. "Basta con preguntarles
a los indígenas o visitar sus comunidades para observar
cómo están viviendo ante este desastre, producto
de la desbocada explotación minera", dijo el investigador.
Aseguró que aunque la situación es competencia
del Ministerio de Industrias Básicas y Minería conjuntamente
con el Ministerio del Ambiente, "no hay quien pare estas irregularidades
que, entendemos, se originan de un problema de desempleo,
pero eso no implica que se solvente con la destrucción
del ecosistema".
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