ELVIA GÓMEZ
EL UNIVERSAL
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en un
pronunciamiento oficial, ratificó su cuestionamiento
a la delegación legislativa del Parlamento en el Poder
Ejecutivo y precisa que los 26 decretos-ley recientemente
publicados en Gaceta, "presentan un contenido restrictivo
a los derechos fundamentales, consagran principios y fines
de un solo pensamiento ideológico, modifican normas constitucionales
sin el debido procedimiento democrático de consulta",
lo que configura su inconstitucionalidad.
Por los muchos vicios del referido paquete legislativo, los
académicos estiman necesario demandar la inconstitucionalidad
y nulidad, de acuerdo con la vigente Ley Orgánica de
la Administración Pública.
Si bien varios de los académicos manifestaron no abrigar
ninguna esperanza de que se restituya el derecho violentado,
señalaron la necesidad de agotar todas las vías
institucionales, porque sólo así tendrá sustento
el apelar al artículo 350 de la Constitución, relativo
a la desobediencia civil, sobre el cual se manifestaron proclives,
a título personal, Tatiana de Maekelt y René de
Sola.
Entretanto, las cuestionadas leyes están en plena vigencia,
admitieron.
La profesora Maekelt, presidenta de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, leyó en rueda de prensa el
comunicado, en compañía de nueve individuos de número,
así como de los presidentes de las academias de la Lengua,
Oscar Sambrano Urdaneta; de Medicina, Antonio Clemente; de
Ciencias Físicas y Matemáticas, Claudio Bifano y
de Ingeniería y Hábitat, Aníbal Martínez.
La Academia alerta que los decretos "alteran el equilibrio
entre poderes" e "irrespetan la voluntad popular" expresada
el 2 de diciembre de 2007 cuando se rechazó la "reforma
constitucional ideologizada y sustitutiva del sistema democrático".
Además, "evade el control ciudadano" y "la inviolabilidad
y la progresividad de los derechos humanos".
Que renuncien todos
Alfredo Morles Hernández, luego de la lectura del texto,
reforzó la posición de la academia y señaló
que el paquete legislativo "es una deliberada y grave violación
constitucional y una burla a la voluntad popular".
Morles fustigó con dureza a los magistrados de la Sala
Constitucional, a quienes instó a renunciar a sus cargos,
porque no cumplen con su deber de ser imparciales y "prefieren
mantener la ventaja de uno de los contendores (Gobierno) en
contra de los principios más elementales del Derecho
Contitucional", así como "prefirieron acogerse a la vergüenza
pública de sus decisiones, como ha ocurrido con las inhabilitaciones,
a tener que enfrentar el temor de decirle que no al Presidente
(Chávez)".
Instó también a dimitir al magistrado Pedro Rondón
Haaz, quien "serviría mejor al país renunciando,
que prestándose a darle un barniz de legitimidad a la
Sala Constitucional".
El ex magistrado Román Duque Corredor, en su turno,
aseveró que el paquete de 26 leyes "estatizan la intimidad"
de los venezolanos, porque "permiten al Estado definir cómo
divertirse, qué comer, cómo transitar, cómo
vivir, qué comprar. Lo que está en juego es el derecho
a la intimidad y el derecho al desenvolvimiento de la personalidad",
alertó.
El ex magistrado René de Sola aseveró que las 26
leyes "son un fraude al referendo constitucional" y recordó
que la Constitución es muy clara al señalar que
"ni aun por la vía de una enmienda es posible plantear
nuevamente la misma materia de la reforma constitucional en
el presente período".
La ex magistrada Josefina Calcaño de Temeltas comentó
al margen la posibilidad de solicitar la inhibición de
los magistrados de la Sala Constitucional cuando se recurra
a la solicitud de nulidad y, en caso de que se nieguen, como
es de esperarse, recusarlos.
Un ejército somocista
Tatiana de Maekelt comentó que a manera provisional
-por cuanto no han revisado detalladamente la totalidad de
las leyes del paquete- le preocupan varios aspectos, entre
ellos la amenaza a la propiedad privada, lo relativo al suministro
de alimentos y la reforma de la Ley de la Fuerza Armada Nacional.
"Una de las leyes prevé la posibilidad de una expropiación
sin que sea considerada la utilidad pública previamente,
lo cual es insólito".
En cuanto a la reforma militar aseveró que "la legitimación
de la milicia convierte a este cuerpo en una especie de ejército
político propio de los regímenes totalitarios, propio
de la fenecida Unión Soviética, del gobierno de
(Augusto) Pinochet (Chile) o de (Anastasio) Somoza (Nicaragua).
Es un ejército paralelo que obedece a una sola persona,
que es el Presidente".
más videos
_copia.jpg)
