Venezuela vive hoy una compleja situación de crisis en lo político, jurídico, social y económico que socava las bases de nuestra democracia. El tejido social del país está fracturado: un gobierno con legitimidad en las urnas está usando el mandato popular conferido en las elecciones de diciembre de 2006 para vulnerar derechos ciudadanos que posibiliten el acuerdo en torno a la letra de la constitución. En Venezuela una porción del país le quiere imponer a la otra su proyecto político haciendo un uso elástico de la legalidad. A punta de decretos y concentrando progresivamente poder, se viene conformando un cerco legal que vulnera lo fundamental de derechos democráticos de los ciudadanos.

El comunicador social, como actor de esa realidad, se ve afectado en el desempeño de sus funciones. Hoy en día no cuenta con el ambiente idóneo, ni la seguridad física ni jurídica que le permita ejercer cabalmente su profesión. De acuerdo con lo que establece la Ley de ejercicio del periodista en su Artículo 34, un comunicador en democracia debe: “Ajustar su actuación a los principios de la ética profesional y a la defensa de los derechos humanos, de la paz entre los pueblos, de la libertad de expresión al servicio de la verdad y la pluralidad de las informaciones”.

Hoy más que nunca la sociedad venezolana demanda un periodismo combativo, íntegro, apegado a la verdad, sin concesiones. Comprometido con la defensa de la democracia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los comunicadores sociales venezolanos tomamos la palabra para denunciar que
Por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de no excluir a ningún ciudadano. Por lo tanto, las instituciones públicas no pueden estar al servicio de parcialidades políticas, como ocurre actualmente con el uso, continuo y permanente, de los recursos y medios oficiales con fines proselitistas. Denunciamos que estas acciones constituyen una política de gobierno, clara y definida, dirigida a privilegiar a sus seguidores y a excluir a todo aquel que se manifieste en contra. Esto constituye una acción discriminatoria y una forma de censura oficial que atentan contra la plena libertad de expresión y de información de la sociedad venezolana.

Las leyes tienen como fin último la aplicación de justicia. En el caso venezolano, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión; y, el Código Penal vigente son utilizados por el gobierno con fines políticos. A través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones el Gobierno abusa de la transmisión de cadenas nacionales por radio y televisión, práctica ésta que violenta el equilibrio informativo e impone la censura sistemática. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión es aplicada en forma discriminatoria, punitiva y selectiva contra medios privados pero de manera benevolente con aquellos medios bajo el control gubernamental. Rechazamos en forma contundente esta práctica. Igualmente exigimos la revisión de los Artículos 223 y 226 del Código Procesal Penal actual que califican como delito al vilipendio, tal y como fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia 1942, decisión esta que contraria las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA.

Rechazamos igualmente el conjunto de leyes aprobadas por vía habilitante porque desconoce la Constitución y el Estado de Derecho porque fueron aprobadas a espaldas del país, sin consultarlo, y porque incluyen normas que ya habían sido rechazadas por el colectivo venezolano en el referéndum del 2 de diciembre del 2007. Esta decisión del Gobierno vulnera la voluntad del soberano.

En las difíciles circunstancias que vive la nación exigimos que
El respeto, como principio básico de la democracia, sea el fundamento de la relación entre periodistas y autoridades. En consecuencia, rechazamos toda campaña de maltratos y difamación con la cual se pretende amedrentarnos e invalidar el ejercicio legítimo de nuestro trabajo y su función social que garantizan al ciudadano su derecho a estar informado. Por ello exigimos a los funcionarios agentes del Estado y a los directivos de medios privados el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Ejercicio del Periodismo, en cuanto a respetar el derecho de los venezolanos de estar informados y a expresarse libremente.

Exigimos el fin del silencio informativo, venga de donde venga y rechazamos el hermetismo y ocultamiento deliberado de la información pública. Se impone terminar con el régimen del apartheid en el que se privilegia a los periodistas de medios oficiales y oficialistas en la cobertura de eventos de carácter gubernamental y se excluye a aquellos que trabajan para otros medios.

Instamos igualmente al sector privado a establecer políticas de transparencia informativa y de coherencia en sus postulados organizacionales. Los periodistas no tienen porque verse afectados por las decisiones editoriales de turno y los intereses del medio que afecten su independencia profesional.

Hacemos un claro y contundente llamado a poner fin a la violencia en todas sus expresiones, casi siempre auspiciada de forma evidente desde las más altas esferas del poder. El marco descrito afecta terriblemente al país en el aspecto político, social jurídico y que se refleja en la inseguridad ciudadana.

Exigimos el respeto al derecho a la vida y rendimos un homenaje a todos aquellos periodistas caídos durante el ejercicio de la profesión, víctimas de la violencia generalizada e inseguridad social que vive el país.

Convención Nacional de Periodistas
Caracas, 9 de agosto de 2008