El presidente Hugo Chávez dio un paso más en el proceso de toma de control de los sectores estratégicos de la economía venezolana al nacionalizar la industria cementera en tanto el martes fue suspendida por 24 horas la venta de títulos de la expropiada empresa mexicana Cemex.

La toma del sector cementero se inició con tropiezos debido a que el gobierno debió recurrir el lunes a la expropiación de los activos de Cemex que se negó a un acuerdo amistoso tal como hicieron la francesa Lafarge y la suiza Holcim Ltd que aceptaron la participación mayoritaria de Estado en sus empresas.

La estatización de la mayor cementera del país tuvo repercusiones inmediatas en los mercados de valores local e internacional, y la estatal Comisión Nacional de Valores suspendió el martes por 24 horas la venta de los títulos de la cementera en la Bolsa de Valores de Caracas alegando que no se ha "producido información suficiente" sobre la situación de Cemex.

Miguel Octavio, director de la firma local BBO Servicios Financieros, objetó la suspensión temporal de Cemex señalando que esa medida "establece un precedente negativo" para el mercado de valores porque va contra las leyes venezolanas que prevén protecciones para los accionistas minoritarios en los casos en que un particular asume la mayoría accionara de una empresa.

"Aquí hay unas reglas que establecen cómo alguien toma el control de una empresa que cotiza en la Bolsa. Los accionistas chiquitos los han ignorados, no saben donde están parados en este momento", dijo Octavio a la AP.

Las acciones de Cemex en la bolsa mexicana que abrieron la jornada con una caída de 2,32% lo que llevó los títulos de la empresa a 21,03 pesos, mientras que en Nueva York los papeles de la cementera reportaron una baja de 2,6% que llevó su cotización a 20,45 dólares.

Noel Álvarez, segundo vicepresidente de Fedecámaras, afirmó que la estatización de Cemex alimenta la "incertidumbre" y el "alto riesgo" que viene enfrentando Venezuela desde hace unos años, especialmente a raíz del proceso masivo de nacionalizaciones que arrancó el gobierno el año pasado.

En menos de dos años la administración de Chávez ha nacionalizado las mayores telefónica y siderúrgica, el sector eléctrico, cuatro proyectos petroleros de la faja oriental del Orinoco, y adquirió la mayor fabricante de leche.

Álvarez dijo a la AP que el aumento del riesgo del país lo reflejó el Banco Central de Venezuela al reportar el año pasado un "decrecimiento de 643 millones de dólares en la inversión extranjera".

El dirigente empresarial indicó que el incremento del control estatal sobre la economía ha ido reduciendo el espacio de acción para el sector privado.

Alvarez precisó que con las recientes nacionalizaciones, el Estado se convierte en el "principal comprador" y proveedor de insumos para una importante porción de compañías.

Sostuvo que una empresa "no puede ir contra del gobierno en ninguna decisión, en ninguna declaración pública, o cualquier cosa, porque inmediatamente entonces la ponen en una lista negra y no le compran o no le dejan producir eficientemente".

"El gobierno no solamente tiene empresas ahora sino que también es regulador", dijo Alvarez al explicar que los controles de precios y de cambio, que están vigentes desde el 2003, también limitan la capacidad de acción del sector privado.

El economista José Guerra, ex gerente del Banco Central, dijo que las nacionalizaciones de las cementeras no deben verse como una acción aislada, sino como un plan del gobierno de Chávez para "estatizar la economía".

"El Estado lo que está buscando es monopolizar las actividades económicas fundamentales del país porque el gobierno de Chávez lo que quiere es consolidar un capitalismo de estado", señaló Guerra.

El economista explicó que aunque el sector privado maneja cerca del 69% del producto interno bruto (PIB) del país, en los últimos años ha perdido cerca de tres puntos del PIB que han pasado a manos del Estado.

Guerra acotó que con la nacionalización del sector cementero y la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) el gobierno de Chávez asumió "al menos 2% del PIB".

El gobierno procedió a la expropiación de los activos de Cemex luego de que este lunes expiró el plazo que había fijado para negociar un plan de transferencia de la mayoría accionaria.

Lafarge y Holcim Ltd suscribieron el lunes memorandos de entendimiento para vender en un lapso de 60 días al gobierno la mayoría de las acciones de sus filiales venezolanas.

Chávez defendió el lunes la nacionalización de las cementeras señalando que eso forma parte del proceso para llevar a Venezuela hacia un modelo socialista.

El vicepresidente Ramón Carrizalez admitió que el acuerdo con Cemex se estancó debido a que el gobierno no logró llegar a un arreglo sobre el valor de los activos de la cementera en Venezuela. El gobierno informó que Cemex estaba pidiendo unos 1.300 millones de dólares por sus activos.

Carrizalez indicó que el Estado comprará 89% de las acciones de la filial venezolana de Lafarge por 267 millones de dólares, y en Holcim asumirán una participación de 85%, paquete por el que pagarán unos 552 millones de dólares.