El Estado venezolano es el responsable de las actividades de mayor degradación del ambiente, empezando por las industrias petrolera y petroquímica, la mayor parte de la actividad minera, cementera, de industrias básicas, de generación de energía, papeleras, agrícolas, del turismo masivo, está en manos del Estado, es el principal urbanizador y constructor de asentamientos humanos, operador aéreo y de flotas marítimas.  Es igualmente el responsable del manejo de los desechos sólidos, de materiales tóxicos y clínicos, en su afán por apoderarse de casi todas las actividades productivas del país, es también el principal destructor y contaminador del ambiente. Contradictoriamente es también responsable de regular, sancionar y llevar los procedimientos administrativos, judiciales y hasta penales en defensa del ambiente, lo que crea un grave conflicto de intereses que ha resultado en un avanzado deterioro ambiental donde el principal perpetrador es el mismo Estado venezolano, esto, sin que los ciudadanos y organizaciones ambientalistas tengamos manera de obtener información, protección y detener estas actividades. La situación la agrava la propensión del gobierno socialista bolivariano, de usar los instrumentos del poder para agredir, perseguir e intervenir a los ciudadanos y empresas privadas que sí son compulsivamente obligadas a cumplir con las leyes ambientales, llegando a usar estas normas para expropiar, nacionalizar y ocupar "manu militari"  la propiedad privada. El gobierno revolucionario, que es centralista y totalitario, explota los recursos naturales a su libre arbitrio para sostener un clientelismo internacional a costa de la integridad del ambiente, se hace la vista gorda a invasiones de áreas protegidas, como principal latifundista del país hace un mal uso de las tierras productivas, las degrada, utiliza zonas protectoras y de alto riesgo geológico para desarrollos urbanos y no invierte lo suficiente en plantas de tratamiento de aguas servidas, cloacas y plantas purificadoras y sistemas de riego, su actividad en construcción de represas hidroeléctricas sin consideraciones de impacto ambiental, atenta en contra de la sustentabilidad de regiones enteras, nuestros ríos y mares se la pasan contaminados por "manchas rojas", desechos industriales y derrames de petróleo, no contento con esto permite la visita de la armada rusa, cuya nave insignia es esa chatarra nuclear, el portaaviones Pedro El Grande, capaz de contaminar nuestras aguas con material radiactivo durante su fondeo en nuestras costas. El gobierno se ha dado a la tarea de manipular los informes a los órganos internacionales de control ambiental, inventa estadísticas, usa información de vieja data, todo, para crear la ilusión de que Venezuela es un país de notable cumplimiento de sus obligaciones. Ejemplo de lo que señalo, se encuentra en los informes que desde 1999 el país ha presentado a la ONU en el marco de la Agenda 21 y ahora del Proyecto Milenium, y el ocultamiento a la comunidad internacional de epidemias y enfermedades producto del descuido ambiental que ponen en peligro la salud humana y el sistema agrícola y pecuario de la región.

El aumento de la pobreza, de la violencia, de la corrupción, del desempleo han hecho que la calidad de vida de Venezuela se haya derrumbado de manera drástica, con la terrible consecuencia de una pérdida sustancial de su patrimonio natural, una contaminación rampante y la imposibilidad de sustentar su propio desarrollo, la desertificación de Venezuela atenta en contra de la capacidad de poder producir alimentos, lo que nos convertirá en una carga para otros países, y el aumento de los índices de desnutrición así lo confirman. Uno de los casos más patéticos de la política ambiental del chavismo es la destrucción de la Cueva del Guácharo, una de las joyas naturales del continente convertido en un botadero de basura. No contento con esto, el gobierno chavista sostiene una política intervencionista en la región, convirtiéndose en promotor de la miseria y la quiebra de las economías en otras naciones con la prédica del socialismo del siglo XXI. La entrada de Venezuela en el Mercosur solo va a significar una baja en los índices de protección ambiental de este sistema económico. Debido al altísimo costo ambiental que nuestro petróleo lleva consigo y que no es reflejado en su precio, quien compre petróleo venezolano está ayudando a la devastación del país. Deberían darse los pasos institucionales y de derecho internacional para que se le haga al país un eco-auditoría, que Venezuela sea puesta en observación sobre sus prácticas en detrimento al ambiente y se detenga de inmediato esta violación continuada, difusa y disimulada de los derechos humanos ambientales, no solo de los venezolanos sino de todos los latinoamericanos.

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