Pasó otro 12 de octubre y las comunidades indígenas siguen esperando. Hace 10 años que el Gobierno llegó al poder con la promesa de reivindicar los espacios de los aborígenes venezolanos, y aunque esta vez entregó 41.630 hectáreas de la Sierra de Perijá a algunas comunidades yucpas del estado Zulia, quedan muchas más hectáreas por negociar en un proceso de demarcación, que desde 1999 habla de territorios especiales para los aborígenes de todo el país.

"Estas tierras pertenecen a quienes por siglos fueron excluidos de cualquier forma de desarrollo. Debió llegar la revolución bolivariana que lidera el comandante-presidente Hugo Chávez para que se reconocieran sus derechos", dijo el pasado 12 de octubre el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, en la entrega de títulos de propiedad a un sector de las comunidades yucpas. Entre esas y otras etnias queda claro, de cualquier forma, que este caso es apenas uno de tantos que esperan por precisar el espacio de los aborígenes del país.

"El país está en mora con los indígenas", concluye el diputado kariña a la Asamblea Nacional, José Poyo. El caso de los yucpas está en agenda; el asesinato de dos de sus miembros, justo al día siguiente de que algunos de ellos recibieran títulos de propiedad, ha sensibilizado al Zulia y el resto del país. Sin embargo, ambientalistas, antropólogos y legisladores coincidieron esta semana en que la mayor parte de las tierras que los indígenas solicitan no se ha delimitado.

"La superficie otorgada hasta ahora constituye sólo una pequeña parte de los territorios indígenas de Venezuela", dice la profesora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Nalúa Silva. "El Estado venezolano si bien ha mantenido un discurso de reivindicación de los derechos sobre la tierra, no ha dado en la práctica un impulso a las demarcaciones, lo cual se observa en los resultados obtenidos hasta ahora por la Comisión Nacional de Demarcación".

Letra muerta
Esta historia comenzó en 1999, cuando los constituyentes terminaron por reconocer espacios a las comunidades indígenas. Aunque el debate fue intenso, el artículo 119 de la Constitución terminó estableciendo de manera expresa que los aborígenes tienen "derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan".

Fue un gran avance, opina Gabriela Croes, quien hasta hace dos años estuvo al frente de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación. A diferencia de la Constitución Bolivariana, la de 1961 sólo establecía en el artículo 77, un "régimen de excepción" para proteger a las comunidades "y su incorporación progresiva a la vida de la Nación".

El caso, sin embargo, no ha pasado de ese reconocimiento constitucional. "No ha habido voluntad política", concluye Croes. Y aquí incluye hasta a los dirigentes de los aborígenes, a quienes pide más compromiso. "¿Qué ha pasado con el movimiento indígena de Venezuela?", pregunta.

Salvo casos específicos, la demarcación ha quedado en veremos. Hasta 2005, el Gobierno ni siquiera había entregado un primer lote de tierras. Fue tanta la presión que en esos días recibieron de arriba por dar algún avance, que en la Comisión de Demarcación bromearon entonces con "demarcaciones express".

En ese momento, algunas comunidades kariña de Anzoátegui, y pumé y hiwi de Apure, recibieron títulos de propiedad colectiva de manos del propio presidente de la República, Hugo Chávez. Pero en el gremio de los antropólogos destacan que no es suficiente. "¿Por qué se reconocieron esas tierras y no las de las primeras comunidades que introdujeron su solicitud?", pregunta Silva. "Los expedientes de Apure se armaron en dos meses a diferencia del de los yekuana-sanema, de los barí o de los kariña de Anzoátegui, cuya conformación tomó mínimo dos años".

En los gobiernos anteriores ya hubo comunidades que recibieron títulos de tierra por separado, pero los defensores de las causas indígenas insisten en que ese no es el espíritu de la Constitución. "Ha habido avances, pero en comunidades muy pequeñas", lamenta el diputado del Consejo Legislativo de Anzoátegui y dirigente kariña, Alí Carreño. "De las 128 comunidades de Anzoátegui, sólo 14 han conseguido tierras".

"No me pidan la Luna"
Si hay algo claro en el tema es que el propio Gobierno sabe que queda mucho por hacer. "Es apenas un paso hermanos, que nadie vaya a pensar que hemos logrado la meta ya", advirtió el Presidente el 9 de agosto de 2005 cuando formalizó las tierras de algunos kariñas que viven en el municipio Freitas del estado Anzoátegui.

Ese día, sin embargo, Chávez también advirtió que las demandas indígenas tienen límites: "No podemos partir a Venezuela en varios pedazos (...) No me exijan lo que yo no puedo hacer, no me pidan la Luna porque, bueno se las regalo cuando este allá llena en la noche (&) pero no me pida nadie que yo le entregue títulos de propiedad sobre extensiones infinitas de territorio, sobre la mitad del estado Bolívar por ejemplo".

Y aquí empiezan las diferencias. Todo el mundo defiende las causas indígenas hasta que vislumbra cuánto porcentaje del mapa venezolano debe permanecer como hábitat de los más de 500.000 aborígenes que hacen vida en el país. Brasil, por ejemplo, ha destinado 12% de su geografía a las comunidades de su territorio.

Para Croes, "hay un temor infundado que asocia las tierras indígenas con separar el país". Por tratarse de un tema complejo, en el que privan intereses económicos, sociales y raciales, cree que el Gobierno debe empezar por delimitar los territorios que pertenecen al Estado, antes de intervenir haciendas y otros inmuebles.

El diputado José Poyo añade que "es necesario indemnizar a los terceros involucrados". Y se trata de un proceso que debe empezar lo más pronto posible: "En el Parlamento indígena estamos en cesión permanente y solicitamos al alto Gobierno que retome el proceso de demarcación como un problema de Estado".

Silva, por su parte, señala que la figura de territorios colectivos no es sinónimo de apartheid ni representa guetos reservados para etnias específicas, sobre los que el Estado pierde derechos. "Lamentablemente ha privado una visión militarista", sostiene.

Está convencida de que los indígenas pueden servir como custodios de las áreas ambientales e incluso de las fronteras. Destaca el ejemplo de Brasil y hasta el caso colombiano, donde a pesar de las guerrillas, "los indígenas gozan desde hace más de 20 años de un tercio de ese país".

El debate está servido. Hace ya 10 años que el tema aparece todos los meses de octubre en algún lugar del país. La lupa está hoy en el Zulia y los yucpas: el Ministerio Público, varios organismos policiales y una comisión de la Asamblea Nacional investigan el asesinato de dos de sus miembros. Aún así, este es uno de los problemas más viejos que hay en esta parte del mundo y por eso, hay quienes insisten en dejar de correr la arruga. Está en juego la supervivencia cultural de nuestras etnias, concluye el diputado kariña, José Poyo.

jpoliszuk@eluniversal.com